Un grupo de expertos se reunió en la Universidad Autónoma de Chile para discutir y analizar la problemática en la zona de la Araucanía derivada del conflicto mapuche. Ello en el marco del IX Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Facultad de Derecho de la institución.
La actividad contó con la presencia de profesionales de Chile, Colombia y España, quienes fueron congregados para explorar sistemas comparados de resolución de conflictos y desde allí generar propuestas para una nueva justicia en la Araucanía.
El director de la carrera, Mg. Ricardo Herrera, planteó que se ha venido observando en los últimos años un grave problema de seguridad pública en la zona sur de nuestro país y la idea como universidad es asumir un rol activo en la generación de oportunidades de solución, razón por la cual se debatió sobre varios de los aspectos que están presentes en este llamado conflicto mapuche.
“Debatimos propuestas al problema de La Araucanía no solo desde el punto de vista de la reacción penal, sino que buscando posibles alternativas para este conflicto por otras vías. En cuanto a las propuestas pensamos que la solución en La Araucanía tiene que salir de una conversación multidisciplinaria. Hay que ir al fondo del conflicto porque no puede desactivar este problema nada más reaccionando y aplicando el derecho penal”, sostuvo Herrera.
En ese sentido, uno de los temas abordados fue la aplicación de la Ley Antiterrorista, la que fue calificada por el directivo universitario como una herramienta más del derecho penal que es necesario sea enfocada adecuadamente solo para los casos más graves. “Mi opinión es que no va a ser la solución, no es la única alternativa. Hay que buscar otras opciones al conflicto”, dijo el académico.
Al respecto, el abogado Humberto Serri de la Defensoría Penal Mapuche, expuso sobre el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso titulado “Norin Catriman y otros versus Chile”, que abordó una serie de sentencias sobre las cuales los imputados alegaron “injusticias” y que en definitiva arrojó un análisis de lo que es la aplicación de la Ley Antiterrorista. “Ese fallo acoge una serie de vulneraciones de derecho que realizó el Estado de Chile, particularmente los jueces al administrar justicia y el Ministerio Público, y con eso dio una señal clara de que la Ley Antiterrorista no se debe utilizar en contra del pueblo mapuche para criminalizar sus legítimas demandas. Al mismo tiempo estableció ciertos criterios para temas bastante importantes para la Defensoría Pública como es la prisión preventiva y también el tema de los testigos secretos o sin rostro, entre otras, lo cual da luces para mejorar un poco lo que es la aplicación de justicia en Chile. En definitiva, se ordena al Estado de Chile, por ejemplo, reformular esta Ley Antiterrorista para adecuarla a los estándares internacionales”, indicó Serri.
De la misma manera, se conocieron experiencias de otros países en esta materia y la forma en que se han abordado, como en el caso de Colombia, y algunos aspectos vinculados al terrorismo, los derechos humanos y la cuestión mapuche, todo ello tendiente a enriquecer la discusión en torno a esta situación y ser un aporte en la búsqueda de soluciones desde la institución.