El proyecto de ley que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior, este jueves 5 de agosto fue finalmente aprobado por el Senado en tercer trámite constitucional por un total de 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, siendo despachada la iniciativa al Ejecutivo para su promulgación.
La iniciativa gestada e impulsada por la Asociación Red de Investigadoras, de la cual el profesor Castillo es socio y miembro del Comité Político, recibió apoyo transversal de parlamentarias y parlamentarios de ambas cámaras durante su tramitación, en la cual fueron oídas numerosas autoridades y organizaciones.
El académico de la Universidad de La Frontera, Leonardo Castillo Cárdenas, quien hoy es además Secretario General de las Redes Chilenas de Investigación (ReCh), fue el principal redactor del proyecto, siendo también invitado a exponer al Senado a la Comisión de Educación. El proyecto, en sus fundamentos, hace referencia a conocimiento generado desde la UFRO, tanto por el propio Castillo, como por la Doctora Mahia Saracostti, además de las académicas Soledad Morales y Estefanía Esparza de nuestra Facultad. El proyecto se gestó frente al vacío que existía en torno a la protección de las estudiantes frente a situaciones que pudieran vulnerar su integridad física, mental y sexual en la educación superior.
“En términos simples, si bien el estatuto administrativo contempla el acoso sexual y lo sanciona, al igual que el Código del Trabajo, las y los estudiantes quedaban en la indefensión frente a situaciones de acoso sexual en las que por lo general existen relaciones asimétricas de poder. Es así que se presenta un proyecto que fue patrocinado por cuatro Senadoras y un Senador, de distintos sectores políticos, quienes de forma transversal apoyaron la iniciativa”, enfatizó Castillo.
El proyecto que fue tramitado durante tres años, contó con el patrocinio de la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, las senadoras Ximena Órdenes, Ena von Baer e Isabel Allende y el senador Carlos Montes. Cabe destacar que, entre otras cosas, la iniciativa también contempla en su artículo 7 que las instituciones educacionales que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género no podrán acceder ni obtener la acreditación institucional.
El profesor Castillo destacó la aprobación como un hito e indicó que esperan que no haya algún veto por parte del Ejecutivo, y que se pueda promulgar y publicar en los plazos establecidos: “Ha sido una ardua labor, organizada de forma colaborativa y gestionada inteligentemente, donde la Red de Investigadoras que agrupa a cientos de académicas de todas las áreas del conocimiento nos hemos desplegado gestionando apoyos para la aprobación de la iniciativa que pronto será ley. Junto a la RedI, muchas otras asociaciones como la Asociación Nacional de Investigadoras de Postgrado, las Redes Chilenas de Investigación, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, la Fundación Hay mujeres, trabajamos para el logro de este anhelado objetivo de contar por fin con una legislación protectora de las y los estudiantes, funcionarias, funcionarios y de las y los académicas y académicos. Estamos muy felices, porque esto nace de la sociedad civil organizada, logrando que incluso en su primer trámite esta iniciativa haya sido reconocida por medios nacionales e internacionales, como la prestigiosa Revista Science. Estoy convencido de que, para efectivamente contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, el actuar de quienes nos dedicamos a la ciencia, la generación e impartición del conocimiento, la tecnología y la innovación, debe estar supeditado al imperativo ético de obrar con respeto a la dignidad de todas las personas, conduciéndonos con rectitud y justicia, para que los espacios de aprendizaje, trabajo e investigación sean seguros para todas y todos.”
En un plazo de alrededor de 45 días, el proyecto aprobado por el Congreso debería ser promulgado y publicado en el Diario Oficial, marcando un antes y un después para las instituciones educacionales, las que deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, construida de forma participativa y triestamental, de lo contrario no podrán acceder u obtener la acreditación institucional, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.