Entre estos, organismos públicos como el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas y, desde la academia, instituciones de educación superior, como la Universidad de La Frontera, entre otras instituciones y servicios.
Uno de los pilares fundamentales dentro de toda estrategia para abastecer de agua potable, es la gestión de proyectos de agua, la cual debe asegurar la adecuada y eficiente implementación de un sistema en zonas donde no existe cobertura o provisión por parte de empresas sanitarias.
Como bien señala la Directora Regional de la Dirección General de Aguas (DGA), Vivianne Fernández, para empezar a trabajar en este tema, es importante que los Comités de agua potable rural (APR) cuenten con los derechos de agua. “Como Dirección General de Agua nos preocupamos de otorgar los derechos de agua, que es la primera parte del trámite que realiza el Comité, porque sin los derechos de agua no pueden comenzar los proyectos. Ellos deben contar con su resolución de derechos de agua el cual debe estar inscrito en el catastro público de agua”.
En este sentido, explica que desde hace un par de años atrás se empezó a establecer la obligación, de parte del Gobierno, que los Comités tengan sus derechos de agua regularizados al momento de empezar sus proyectos de construcción de agua potable, “lo que no pasaba antes. Antiguamente, los primeros Comités de agua potable rural no tenían derechos de agua asignados para poder comenzar sus proyectos. Entonces, hoy día existe un problema, porque resulta que los Comités más antiguos no tienen derechos de agua y les ha sido muy difícil regularizar esos derechos, porque ha disminuido la disponibilidad de estos.
En suma, el tener sus derechos de agua permite a estos Comités optar, por ejemplo, a un mejoramiento de la infraestructura de la APR o realizar cualquier modificación que requieran en sus proyectos, de ahí la necesidad de regularizar estos derechos, problema que la DGA detectó y que hoy día está abordando a través de una mesa técnica con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y con el Gobierno regional.
“Cada cierto tiempo nosotros nos juntamos y vemos lo que está pasando con cada Comité que hoy día está tramitando algún derecho de agua en la DGA”, destaca Vivianne Fernández, agregando que “aproximadamente en la región existen 220 Comités de agua y un porcentaje importante no cuenta con sus derechos de agua regularizados, que son los más antiguos”.
Mediante un trabajo cercano, la DGA está buscando mecanismos para agilizar los procesos de otorgamiento de derechos de agua, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano.
“Los trámites por derecho de agua suelen ser extensos, entre seis a doce años, porque existe mucho trámite administrativo. Además, cuando el agua es captada de un río, nosotros tenemos que realizar aforos en los ríos al menos dos veces en el año, en invierno y verano. No obstante, es muy importante indicar que hoy día se está trabajando en la modificación al Código de agua, lo que va a establecer una priorización para que hoy día los Comités de APR puedan comenzar sus proyectos sin los derechos de agua tramitados al momento de postularlos a financiamiento”, relata la Directora Regional de la DGA.
En todo este trabajo, una buena gestión es clave, por lo que la contribución que pueda ser realizada desde la academia es muy valiosa. Y aquí, la Universidad de La Frontera es valiosa, por cuanto su experiencia en formación profesional e investigación en temas hídricos es muy reconocida. También, la UFRO es parte de la comisión regional de recursos hídricos.
“A nosotros nos interesa mucho tener una buena coordinación con la parte académica, en especial con las universidades regionales, porque el tema hídrico es un tema que ha ido creciendo a través de los años y, al ir creciendo, vemos que hay, en algunas áreas, déficit de investigaciones y profesionales que manejen algunos temas más específicos”, puntualiza Vivianne Fernández, quien es Ingeniero Civil Industrial formada en la Universidad de La Frontera.