Las invitaciones a los académicos de la Universidad de La Frontera, fueron cursadas por los Doctores Jair Aparecido Cardoso de la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (FDRP-USP) y por Sebastião Sérgio Silveira, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ribeirão Preto (UNAERP), en el marco del activo intercambio de profesores con la FDRP-USP y del impulso de acciones conjuntas con la UNAERP.
Ambos Profesores de la FCJE-UFRO ejecutan acciones comprometidas en proyectos DIUFRO en actual ejecución: proyecto DI18-0108, Investigador Responsable Rodrigo Pessoa, titulado “Diagnóstico de la protección de los derechos fundamentales en el sistema de seguridad social Chileno. El camino hacia el Mínimo Vital”; y el proyecto DI18-0077, Investigador Responsable Raúl Allard, titulado “La Constitución Chilena de 1980 a la luz del debate contemporáneo sobre el comercio y los derechos humanos”.
Entre las actividades desarrolladas entre el 22 y el 26 de abril últimos, destacan su participación en dos Seminarios Internacionales y una entrevista televisiva en el Programa “Agora em Pauta” sobre las preocupaciones que genera en Brasil desde el punto de vista de los derechos fundamentales el proyecto de reforma previsional impulsado por el Presidente Jair Bolsonaro, que puede abrir espacio para la aplicación de un modelo de capitalización individual. De ahí el interés por conocer la experiencia chilena en esta materia.
Respecto de su reciente experiencia en Brasil ambos profesores comentaron conjuntamente que: “Conocer la experiencia chilena en materia de seguridad social genera mucho interés en Brasil por la reforma previsional actualmente en tramitación en ese país. Según la OIT, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de previsión social desde 1981 a 2014, partiendo por Chile. Catorce de ellos son de Latinoamérica. Hasta el 2018, 18 países hicieron reformas para revertir la privatización de su sistema de pensiones. Chile no acompañó está tendencia y la sociedad está pagando un costo muy elevado por los valores promedios que nuestros jubilados están recibiendo en el fin de sus vidas, cuando más necesitan del Estado para amparar esta contingencia”.